La Era Digital incrementó el número de casos criminales basados en una nueva fuente de evidencia: la evidencia electrónica. Esta introdujo ámbitos de intimidad que el Estado constitucional de derecho y el proceso penal deben proteger para asegurar que el poder punitivo, en búsqueda de esa evidencia, no torne la incautación y registro sobre dispositivos electrónicos en cacerías exploratorias que arrasen con la intimidad de las personas, la vuelvan obsoleta y conduzcan a un mundo sin privacidad. En este libro se plantea que el sistema acusatorio colombiano se implementó con una grave falencia en la protección del derecho a la intimidad y que ella generó un déficit de protección en los actos de investigación que se dirigen a recolectar evidencia electrónica. En búsqueda de una solución, se hace un recorrido por el derecho colombiano y se trae la experiencia de otros países, particularmente de los Estados Unidos de América, para proponer un cambio en el paradigma de las dinámicas de incautación y registro de la evidencia digital y sus métodos de producción, de tal manera que no sigan vaciando de contenido un derecho fundamental tan valioso como ese.