Esta obra recoge una larga y meditada reflexión sobre un tema crucial para la vigencia del sistema de justicia y la vida democrática del país. Frente al análisis de la actividad probatoria desde la perspectiva epistemológica muy de moda en estos días, en este trabajo se pretende enfocar la prueba desde la perspectiva normativa y, específicamente, como derecho fundamental implícito. En primer lugar, se estudia el papel del Ministerio Público (MP) en la dirección de la investigación y su relación con el principio acusatorio, los actos de aportación de hechos en el proceso penal y la coordinación con otras entidades estatales y privadas. Luego se aborda la investigación científica como guía de la investigación del delito (actividad principal del MP), las funciones de la etapa de la investigación preparatoria, las diligencias preliminares, la individualización de las personas sospechosas de la comisión de un delito y de los agraviados, así como los actos de la investigación preparatoria. A continuación, se analiza el principio de objetividad y el control de los actos del MP, la prohibición de que el MP solo dirija su actividad en sentido perjudicial al investigado, así como el control constitucional y legal de los actos del MP. Finalmente, la principal atención del libro se centra en el derecho fundamental a la prueba en la investigación preparatoria: su contenido esencial, su titularidad, su extensión (si se ejercita exclusivamente en el juicio oral o se extiende a la investigación preparatoria), el derecho de las partes a solicitar los actos de investigación pertinentes y útiles, la investigación defensiva, el derecho a la búsqueda de las fuentes de prueba, la acreditación de la hipótesis alternativa, el control judicial del rechazo de un acto de investigación propuesto por las partes y de la ampliación de diligencias rechazadas por el MP, la obligación constitucional de que los actos de investigación ordenados a iniciativa del MP sean pertinentes y se encuentren suficientemente justificados y, por último, el quantum de la justificación racional de las disposiciones fiscales que admiten, ordenan o rechazan los actos de investigación solicitados. Todo ello sobre la base de la doctrina y jurisprudencia más reciente, particularmente de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.